RIGI sin efecto y producción en riesgo: radiografía minera al 7 de mayo
La Argentina exhibe un potencial geológico difícil de igualar, pero no tiene ni una sola mina en construcción. En el Día de la Minería, el sector vuelve a señalar lo que falta: infraestructura, estabilidad macroeconómica y un régimen de incentivos que funcione.
Por Sabrina Pont
La minería argentina aguarda un nuevo envión: el litio busca ser eficiente con precios bajos para ampliar la capacidad instalada, el cobre en compas de espera sigue generando expectativas con siete proyectos en carpeta y el oro ante una encrucijada entre la falta de exploración y el cierre inminente de minas. Así es como este 7 de mayo, Día de la Minería, encuentra al sector sin lograr traducir el impulso en escala, ni en planificación sostenida.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las principales apuestas del Gobierno de Javier Milei para atraer capitales, fue bien recibido en su espíritu general. Pero su diseño actual, centrado en proyectos nuevos, deja fuera a buena parte del entramado productivo que ya opera en el país. Desde el sector privado, distintas cámaras y empresas advierten: si el régimen no se amplía, la política minera volverá a quedarse a mitad de camino.
En Santa Cruz no hay ningun proyecto minero en construcción.
Decisiones necesarias
“Lo que hoy estamos gestionando o solicitando al Gobierno nacional es que el RIGI tenga su versión denominada RIGI Ampliado”, explicó Verónica Nohara, presidenta de la Cámara de Minería de Santa Cruz y CEO de la mina Don Nicolás. “Nos falta que definitivamente el Gobierno anuncie que es un hecho y, a partir de ahí, ponernos a trabajar sobre eso”.
El planteo apunta a garantizar que los proyectos en operación no queden excluidos de los beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios que contempla el régimen. En un contexto de inflación, presión impositiva y costos crecientes, las minas activas necesitan estímulos para mantenerse competitivas. “Es muy importante crear un incentivo muy fuerte para lograr captar más inversiones que permitan extender la vida útil de los proyectos que hoy están produciendo y que mediante esas inversiones se logre mayor volumen de producción o más años de vida al proyecto en sí mismo”, agregó Nohara.
Verónica Nohara, presidenta de Camicruz (Foto: Camila Ferrer Pose/La Opinión Austral).
En tanto, desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), Manuel Benítez refuerza esa mirada: “Se está trabajando arduamente para que esto funcione, que fue una posición planteada por la minería argentina, especialmente por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, en función de los proyectos que siguen trabajando y que están en condiciones de seguir exportando y consolidando el modelo de minería de desarrollo”.
Benítez insiste en que lo que necesita el sector no es un régimen aislado, sino una arquitectura legal coherente que articule los incentivos nuevos con las leyes de promoción minera ya existentes. “La Argentina, sumando todo lo que tenga que ver con las leyes de promoción de la minería que ya teníamos antes, más el RIGI, que ha consolidado un elemento tan caro para los mineros como es la seguridad jurídica, puede consolidar un modelo a largo plazo”.
La seguridad jurídica aparece como uno de los aspectos más valorados en la propuesta oficial. Pero como remarcó Benítez, su utilidad dependerá de la forma en que se implemente. “No nos olvidemos que la minería lo que necesita es tiempo para consolidarse“, explicó.
En paralelo, Benítez remarcó que la minería no puede sin una red sólida de proveedores locales. “Una mina se genera por alguien que la piensa, una organización que junta el capital y —sobre todo— por quienes la hacen: los proveedores. Son ellos los que construyen los caminos, trasladan al personal, montan las instalaciones, proveen energía e información. Sin proveedores no hay mina”, afirmó.
En ese esquema, la infraestructura —particularmente energía y logística en regiones cordilleranas— se vuelve una demanda estratégica que también impacta en las economías regionales. “Cada proyecto conmueve muy positivamente a las economías locales, pero debe estar acompañado por caminos, rutas, conectividad y energía”, subrayó. Y agregó que el desarrollo de proveedores y trabajadores locales también es el primer paso hacia la construcción de licencia social y sustentabilidad.
Un solo proyecto de cobre dispararía las exportaciones mineras del país.
Madurez sin relevo
En el caso del oro y la plata, los desafíos se intensifican. Según advierte Verónica Nohara, muchos proyectos en la Argentina están llegando a su etapa de madurez, lo que reduce sus márgenes operativos y limita la capacidad de reinversión. “En los proyectos maduros el costo de producción se incrementa, y el nivel de costo se mantiene, excepto algún que otro costo variable”, explicó. Esto deja poco margen para destinar fondos a la exploración, lo que en contextos como el actual —con precios altos y vidas útiles acotadas— se vuelve un cuello de botella estratégico. “En la mayoría de los casos seguimos invirtiendo para extender ese life of mine, pero si pudiéramos lograr captar más inversiones, ese proceso lo podríamos hacer de manera más rápida y seguramente podríamos lograr mejores resultados y reducir riesgos”, sostuvo.
